¿Porque Se Genera La Violencia En Colombia?

¿Por qué hay violencia en Colombia?

​​​​Colombia ha soportado muchos tipos de violencia, sin embargo en el siglo XX, y lo corrido del siglo XXI, se han intensificado los conflictos relacionados con la violencia política.

La Violencia es la denominación de un período de Colombia que se dio durante el siglo , en que hubo confrontaciones entre proselitos del Partido Liberal y el Partido Conservador que, sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política.​

En este período varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, como "Los Chulavitas" originarios del departamento de Boyacá y los denominados "Pájaros" del departamento del Valle del Cauca, se hicieron famosos por sus acciones atroces.​

El conflicto causó entre 200 000 y 300 000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces tocaba los 11 millones de habitantes.

Al final del conflicto, por medio de las amnistías, más de diez mil guerrilleros liberales dejaron las armas.

Historia

Durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien reemplazó a Alfonso López Pumarejo después de su renuncia, el Partido Liberal se vio afectado por la ausencia de su líder natural, y entró en una pugna interior. Mientras tanto las toldas conservadoras, que no llegaban al Palacio de San Carlos desde 1930, se concentraban alrededor del presidente del directorio nacional conservador, Mariano Ospina Pérez.

El discurso sosegado de la nueva tendencia conservadora encontró asidero en la convulsionada sociedad colombiana, mientras que el liberalismo finalmente se declaró dividido entre los seguidores de Alberto Lleras Camargo y los de Jorge Eliécer Gaitán. El Llerismo representaba a las élites comerciales y al viejo liberalismo elitista que instauró la República Liberal; en ultimas la continuidad del proyecto de las Presidencias de Eduardo Santos y Enrique Olaya Herrera.

Por otro lado, el Gaitanismo se instauró como una corriente nueva dentro del Liberalismo, originada en la figura de Jorge Eliécer Gaitán, el líder del extinto partido UNIR, que aunque ni marxista o radicalmente revolucionario, concentraba diversos matices del pensamiento original del Manifiesto Liberal de Ezequiel Rojas. Gaitán era popular entre las masas, y aunque Turbay no era tan carismático, para mediados de 1945, la Dirección Nacional Liberal escogió su candidatura como la oficial, dejando el Gaitanismo como una tendencia independiente. En este clima político, Mariano Ospina Pérez encabezaba un conservadurismo unido que arrasó en las elecciones presidenciales de 1946. En el discurso de la toma de posesión, realizado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, Ospina Pérez pidió comprensión a la extrema derecha conservadora, y a los sectores Gaitanistas que sellaran diferencias, y que con su voluntad él formaría un gobierno de Unidad Nacional. El gabinete fue distribuido entre ambas agrupaciones, si bien los Ministerios más importantes fueron retenidos por el Partido Conservador.

DEL ORIGEN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

Con el nombre de violencia se conoce en Colombia la ola de homicidios que aflige a nuestro país desde hace varios lustros. Colombia ha sido por tradición un país legalista, estéril para las dictaduras , según el dicho consagrado desde hace casi un siglo. Sin embargo, es un país violento, al punto de que ha sido la cuna de una nueva ciencia que con un barbarismo se califica de violentología . Mientras otras naciones han padecido largos años de dictaduras implacables, en Colombia, en todo el Siglo XX se han registrado dos conatos de dictadura que duraron apenas cinco años. Los gobiernos represivos, aun aquellos que se calificaron de dictaduras, han sido en cierta forma benignos, respetuosos de la vida humana. La versión, difundida en el extranjero, según la cual Colombia sería una tiranía de la cual solo ahora empezamos a redimirnos, es completamente falsa.

Nadie puede negar el sinnúmero de crímenes que tienen ocurrencia en las ciudades y campos de Colombia. El homicidio está a la orden del día. El error consiste en pretender, como lo hace Amnesty International, que el origen de la violencia está en el gobierno.

Por el contrario, ha sido el desgobierno, la ausencia de disciplina, la propensión a la anarquía, la raíz de la violencia. En otras latitudes, experiencias dictatoriales de veras le han infundido a la población el respeto a la autoridad. Entre nosotros la autoridad, ya sea en el Organo Ejecutivo o en la Rama Jurisdiccional, no es temida. La regla es la impunidad y, en forma excepcional, el castigo excesivo. De ahí que el proceso haya sido a la inversa de lo que se supone, o sea que, por la debilidad del Estado, los ciudadanos comenzaron a hacerse justicia por su propia mano y en adelante la amenaza condicionada, el chantaje, se abrieron camino hasta llegar al punto en donde estamos.

Transcribo de un escrito, viejo de más de 40 años, lo siguiente: Nos ufanamos ante propios y extraños de ser la democracia modelo y no haber sufrido ningún régimen dictatorial en casi 40 años; pero el hecho de no existir una dictadura política es lo que nos impide reconocer el régimen del terror, del abuso, del menosprecio de las leyes, en el que se cumplen todos los fenómenos propios de la dictadura, mientras nosotros persistimos en creer que la estamos evitando.

Esta dictadura es la que no permite a todos los ciudadanos el uso de la libertad de palabra y de reunión en igualdad de condiciones, como lo garantiza nuestra Carta fundamental: es la misma dictadura que ha entregado las rutas y las calles a los llamados transportadores y choferes que han sustituido su capricho a las leyes (recuérdese el caso de Bogotá y Cali, en donde hicieron destituir a los inspectores de tránsito porque hacían efectivas las reglamentaciones); dictadura de los intereses vinculados a la explotación del petróleo, que hacen pesar sobre el país cada tres meses sus propios conflictos de trabajo; dictadura de los estudiantes sobre los cuerpos dirigentes universitarios, para que no haya reglamentos; dictadura de los soldados sobre la oficialidad, comprometiendo gravamente al Ejército en hechos atroces que la gente cree emanados de órdenes superiores, pero que no son sino el fruto de la insubordinación y de la indisciplina que ha invadido todo el organismo nacional; dictadura en todo el régimen de leyes de trabajo, sometido ya no al imperio de una ley, sino a la amenaza, y que ha ido creando un desequilibro entre los trabajadores de las industrias ricas y los demás asalariados del país; dictadura aun dentro de la propia Iglesia Católica, en donde determinados obispos consiguieron imponérsele al propio Papa para que nunca hiciera el canje de ratificaciones de un Concordato que él mismo había negociado en su calidad de Secretario de Estado. En dónde está la libertad económica, la de reunión, la de conciencia o cualquiera otra que no pueda verse amenazada por una dictadura? El único fenómeno que se cumpliría con la dictadura política sería el de personalizar en el dictador todos los desafueros contra las libertades que se vienen cometiendo anónimamente desde hace años. La verdad es que por combatir una dictadura hipotética no ponemos suficiente empeño en sacudirnos el yugo de las mil dictaduras presentes .

El legado benéfico de esta agresividad consuetudinaria es la apelación al acuerdo como solución de todos nuestros males. Acuerdos que se proyectaron por 16 años como el Frente Nacional, acuerdo para disolver el Congreso, acuerdo sobre lo fundamental, que nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste, pero que al fin y al cabo es otro acuerdo... Los encuestadores norteamericanos registran como un rasgo permanente del carácter colombiano, al lado de la agresividad, la búsqueda del acuerdo. Inter Press Service

Esta descripción conserva la misma vigencia en nuestros días. La agrava el hecho de que las amenazas de muerte se cumplen inexorablemente contra particulares, contra periodistas, contra jueces, contra políticos, contra todo aquel de quien se puede obtener, por medio de la extorsión, alguna cosa. La sociedad, el Estado, la autoridad se ve acorralada por el asedio de las mil dictaduras anónimas a las que se refería el articulista. El secuestro, para citar el ejemplo de lo que ocurre día tras día en las ciudades y en los campos, no es sino la institucionalización del procedimiento consistente en obtener un beneficio por medio de la violencia. Algunas veces se captura a la víctima y se exige una suma de dinero, pero, en la mayoría de los casos el mismo resultado se obtiene con la sola amenaza de llevar a cabo el secuestro, fijando un precio, que viene a ser una especie de seguro que se paga para que no tenga ocurrencia el delito. Es lo que se conoce en la jerga urbana con el nombre de boleteo y en la rural con el genérico de vacuna .

Se equivocan quienes al servicio de los derechos humanos sindican a nuestros gobiernos de opresores, atribuyéndoles la violación de los derechos ciudadanos o incurriendo deliberadamente en la tortura y en las desapariciones. Puede suceder que algunas unidades de la policía o del ejército, desconociendo órdenes superiores, incurran en semejantes desafueros. Inútil sería desconocer que en muchso casos los culpables han sido castigados por las propias autoridades, pero la verdad es que la gran violencia no la practica el Estado contra sus súbditos. Es el privilegio de las minorías contra la sociedad entera. El terrorismo del narcotráfico y de la guerrilla política no fueron el inicio del proceso del revolcón actual sino la culminación de un estado de cosas que comenzó a gestarse hace medio siglo. La génesis de este estado de alma, que algunos espíritus zahoríes alcanzaron a vislumbrar desde entonces, proviene quién pudiera creerlo del abuso de la libertad de palabra en el Congreso y en los medios de comunicación que familiarizaron a los sectores cultos de nuestra sociedad con la intimidación y los desafueros de todo orden como herramientas legítimas de la controversia pública y de la disputa por el poder.